Recientemente llamó la atención que de manera imprevista se suspendieron varios espectáculos anunciados en Bolivia para los meses de junio y julio. Los más llamativos: la gira de AB Quintanilla (ex Kumbia King) por varias ciudades del país, los tres conciertos de Enrique Iglesias y el concierto de Noel Schajris (ex Sin Banderas) en La Paz. También salieron de cartelera algunos eventos como shows infantiles y disertaciones de reconocidos capacitadores internacionales. ¿El motivo? El 20 de mayo el Servicio de Impuestos Nacionales dispuso la vigencia de una nueva directiva impositiva que, sin afectar las alícuotas tributarias que son las mismas para la mayoría de los regímenes económicos, establece una serie de pasos previos, garantías y trámites burocráticos para la autorización de venta de entradas a espectáculos públicos.
¿Qué dispone esta disposición?
Conocida como Procedimiento Tributario para Espectáculos Públicos, básicamente es un sistema de autorización previa a la realización del espectáculo público, que por la vía del procedimiento administrativo obliga tramitar desproporcionadas garantías bancarias sobre los potenciales tributos a generarse, e implica un control excesivo con relación a otras actividades.
La nueva directiva presume que la totalidad de boletos puestos a la venta para cualquier espectáculo será vendida, y exige una garantía del 220% del monto máximo posible de tributos (Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones) la que debe garantizarse antes como paso previo para conceder la autorización de venta de boletos, además de otros trámites administrativos.
En condiciones normales, esto supone montos mayores que el propio costo del artista, que sumado a los pagos obligatorios de la Sociedad Boliviana de Autores y Compositores (Sobodaycom), más las tasas locales de Espectáculos Públicos y aranceles sobre el contrato del artista, eleva el costo de los eventos más de 300%.
A ojos de cualquier productor de espectáculos esto deja de ser un negocio, de por sí muy riesgoso (he visto empresarios arruinarse porque el día de su concierto simplemente llovió lo suficiente para ahuyentar al público, amén de otros riesgos).
Rescatando historia reciente, desde 2005 se comienza a dinamizar el mercado de los espectáculos artísticos internacionales en Bolivia. Gracias a diferentes iniciativas privadas, poco a poco se logró profesionalizar el sector, de manera tal, que se crearon muchas empresas especializadas proveedoras de servicios para eventos y espectáculos: producción, sonido, iluminación, venta de boletos, armado de escenarios, vallados de seguridad, guardias y personal de seguridad, video leds, backline, pantallas gigantes, toldos, estructuras, cáterin y protectores de césped para campos deportivos, etc. Todas con importantes inversiones.
Bolivia logró credibilidad y confianza de bookers y mánayers de artistas de diversa talla y prestigio. Inclusive empresas internacionales fijaron agencias o sociedades bolivianas para producir espectáculos en el mercado de este país. Un nuevo giro se estableció y lo hizo con mayor fortaleza en el oriente boliviano, en la capital económica Santa Cruz de la Sierra, ciudad que ha experimentado un explosivo crecimiento económico y poblacional, pasando de 50.000 habitantes a mediados del siglo pasado a cerca de dos millones en la década actual.
Por supuesto que un movimiento económico tan importante como este, y sobre todo, con tanta atracción mediática iba a llamar la atención del Estado y sus organismos reguladores, que por falta de conocimiento del sector, han reglamentado a ciegas, de forma que a ojos de cualquier productor o empresario de espectáculos, esto deja de ser una posibilidad de negocio y, con seguridad, orientarán sus inversiones en países vecinos o a otras actividades o giros comerciales
A todas luces, esto le plantea dos problemas a la economía nacional. Por un lado, muchos capitales que eran invertidos en Bolivia se van a trasladar a otros países, lo que ya está comenzando a suceder según las informaciones recientes. Lo cual es preocupante.
Por otro lado, es más preocupante lo que pasa con muchas de las empresas establecidas para dar servicios a los productores de espectáculos, varias de ellas con frondosas planillas de trabajadores, que poco a poco tendrán que desmembrarse y engrosar las huestes de desempleados.
De manera indirecta también sentirán el efecto los hoteles, centros de convenciones, estadios, líneas aéreas, agencias de viajes, ferias, transportes especializados, sociedad de artistas y compositores y el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).
Llama la atención que el SIN reglamente de tal forma, ahuyentando las inversiones, supuestamente con pretexto de asegurar ingresos por tributos, cuando actualmente está en boca de todos, el caso emblemático de la nacionalizada Empresa Nacional de Telecomunicaciones, que adeuda más de $us 140 millones en impuestos y que aparentemente le serán condonados.
Sin entrar en consideraciones políticas, con mis casi 30 años trabajando en el sector, creo que de la misma manera que el reglamento de transporte se debe consensuar con los transportistas, conocedores de su mundo y su actividad, igualmente el reglamento de espectáculos públicos debe ser socializado con los actores de esta actividad económica, de forma que, en cualquier caso, se garantice la legal tributación y a su vez correcto control de este importante giro comercial. Espero que el directorio del SIN tenga la mentalidad abierta para adecuar este reglamento en beneficio de la economía nacional.
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