Cientos de robos han ocurrido y ocurren en el país contra el patrimonio eclesiástico y que afectan principalmente a las iglesias coloniales en los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. Pinturas, platería, joyas, esculturas, retablos, muebles y tejidos desaparecieron por cientos, según el registro de la Unidad de Patrimonio del Ministerio de Culturas, en los últimos 50 años, de 1964 hasta agosto de 2014.
La investigadora de patrimonio cultural, Cristina Bubba, recuerda que por 1988, cuando, en sus años mozos de investigadora, frecuentaba la iglesia de Coroma, fue testigo de un robo con características similares.
“Hicimos traer a un cerrajero de Oruro para poner rejas en la puerta y las ventanas de la iglesia. El señor midió las rejas delante de toda la comunidad. En la noche hubo una fiesta y antes de que pongamos las rejas, robaron; alguien había escuchado sobre las rejas”, recordó Bubba. Cuando se realiza una fiesta en el pueblo “todos están distraídos, hay poca atención en la iglesia, hasta el cuidador está en la fiesta”.
Pese a los decretos y normas emitidos en años anteriores, y con la actual y nueva Ley 530 del Patrimonio Cultural Boliviano, de mayo de 2014, los saqueos al patrimonio eclesiástico siguen ocurriendo, en una vorágine con altas y bajas, situación que aún no conmueve a las autoridades nacionales y eclesiásticas para que las decida a tomar las medidas necesarias y definitivas que paren o disminuyan de manera drástica los robos.
Templos como el de Laja, Copacabana, Guaqui, Calamarca, entre otros, en el departamento de La Paz, fueron saqueados en reiteradas ocasiones. En algunos casos porque no contaban con las medidas de seguridad necesaria –tenían como mayor protección un alambre para asegurar la puerta– y, en otros, pese a contar con cámaras de seguridad y alarmas.
LA SEGURIDAD, EL TALÓN DE AQUILES
La seguridad es el talón de Aquiles de los templos católicos coloniales, principalmente los ubicados en el área rural. Esta situación es reconocida por la asesora jurídica de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Susana Inch. La funcionaria atribuye esta debilidad a la falta de experiencia de la Iglesia en el tema.
“Se hace lo que se puede. Dentro del accionar propio de la Iglesia el tema de seguridad no es precisamente algo en el que pueda tener ni experiencia ni experticia”, señaló la jurista.
Inch dijo que la CEB planteó varias veces al Estado la necesidad de realizar de manera coordinada un sistema de inventario y seguridad para los bienes eclesiásticos, sin que se haya concretado hasta el momento. “Fue muy difícil el diálogo en este sentido, entre otras cosas, porque siempre estaba de por medio el tema del derecho propietario sobre los bienes”, indicó.
Señaló que al estar definido que el patrimonio religioso pertenece a la Iglesia, no significa que no deban tomarse acciones conjuntas con el Estado. “Esperamos poder coordinar con el Ministerio de Culturas para poder tomar acciones que permitan dar un mejor resguardo a los bienes, tener una custodia más adecuada de los mismos y hacer procesos de inventariación periódicos”, apuntó.
Cristina Bubba, investigadora de patrimonio cultural, con más de 20 años en el campo, al igual que otros especialistas, tiene una explicación para el descuido de las iglesias. Señaló que cada día hay menos curas en el área rural para atender los templos.
“Un cura atiende de cuatro a cinco iglesias del área rural, pero no está permanentemente en esas cinco iglesias, entonces eso suelta un poco los controles y la relación de la gente con los objetos y con la iglesia en sí, porque son templos cerrados, entonces vas a una iglesia donde no hay sacerdote, rezas porque quizá la abre el cuidador pero no hay presencia constante ni del Estado ni de la Iglesia, aunque el Estado es el más ausente”, manifestó.
Milton Eyzaguirre, jefe de Extensión y Difusión Cultural del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), testigo de la situación de las iglesias rurales por los constantes viajes que realiza, aseveró que “en muchos lugares las iglesias están cerradas con un candado y listo, en otros lugares he visto que las iglesias sólo están cerradas con un alambre y nada más”.
Ante el letargo de las autoridades, sobre quién debe hacerse cargo de la seguridad de las iglesias, los traficantes aprovechan para planificar robos y seguir saqueando. Si bien la ley define competencias para la custodia y el cuidado, aún estas normas no se concretan en la mayoría de los casos.
El Artículo 16 de la Ley 530 señala que “Las iglesias y congregaciones religiosas se constituyen en custodios del Patrimonio Cultural Mueble e Inmueble que forman parte de la tradición religiosa del pueblo boliviano, estando obligadas a su registro, protección, conservación y difusión con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley”. Para concretar esto se requiere de la erogación de recursos que son insuficientes.
El inciso II del mismo artículo agrega que “El Estado Plurinacional de Bolivia generará las condiciones necesarias para la gestión de estos bienes culturales, apoyando en su registro, seguridad, conservación, protección, investigación, restauración, difusión y capacitación de recursos humanos”.
ESCASA COORDINACIÓN EN LA IGLESIA CATÓLICA
La jurista de la CEB aclaró que la Conferencia Episcopal, como instancia nacional de la Iglesia Católica, constituye la reunión de los obispos de Bolivia y “no hay un patrimonio cultural religioso que esté bajo tuición de la propia Conferencia Episcopal”. Señaló que “son las diócesis, arzobispados, obispados, prelaturas y vicariatos quienes en realidad tienen la presencia de patrimonio religioso cultural”.
Sin embargo admitió que pese a los robos frecuentes –suman 316 de 1964 a agosto de 2014– la CEB no cuenta con un registro de los bienes y un sistema que permita centralizar el reporte de los robos en los arzobispados.
“Se tiene un desafío de desarrollar un sistema interno de información (sobre los robos ocurridos) que permita coordinar el tema del inventario de bienes, poder trabajar en el tema de la valoración y custodia, además del resguardo correspondiente”, indicó.
La situación se tornó más dramática al constatar que en el Arzobispado de La Paz, que según Inch sí cuenta con un registro de los robos ocurridos, nadie pudo dar información al respecto.
Para la jefa de la Unidad de Patrimonio del Ministerio de Culturas, Lupita Meneses, está muy claro quiénes tienen la responsabilidad de precautelar el patrimonio eclesiástico. “Las iglesias y los municipios también tienen que destinar recursos para el cuidado de este patrimonio que está a su cargo, está en la Ley de Autonomías y en la Ley de Descentralización”, remarcó.
Entre tanto, y hasta que se cumpla la ley, y se consoliden los recursos económicos de parte de los gobiernos subnacionales y la iglesia, la amplia frontera de Bolivia sirve como filtro para la salida del patrimonio nacional.
DÉBIL CONTROL EN PUNTOS DE SALIDA
El comandante de la Unidad Policial de Apoyo al Control Migratorio (UPACOM), teniente coronel Sergio Bustillos, señaló que el personal con que cuenta es insuficiente para cubrir de manera adecuada los 19 puntos fronterizos, seis puntos intermedios y tres aeropuertos principales (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) del país.
El policía dejó en claro que la función de la UPACOM es solo velar por el flujo migratorio en los puntos mencionados, donde las personas deben cumplir con todos los requisitos de ley para ingresar o salir del país. Dijo que la salida o entrada de objetos está en manos de la Aduana. Reveló que en la frontera con el Perú existen al menos otros 15 puntos de tránsito no oficiales que carecen de control.
Según un reciente reporte de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), a pedido de esta investigación, en los últimos años esta entidad solo logró evitar la salida de un cuadro patrimonial que fue camuflado y envuelto en un edredón. Sin embargo, de acuerdo a los datos de la Unidad de Patrimonio del Ministerio de Culturas, solo en 2013 se sustrajeron 123 piezas del patrimonio eclesiástico, y hasta agosto de 2014, se mencionaron 10 piezas.
Lupita Meneses reconoció que existe debilidad en la Policía y la Fiscalía para combatir este flagelo, porque “no tienen las condiciones suficientes como para poder llegar hasta el final en los procesos”. El tráfico de patrimonio cultural, junto a la trata y tráfico de personas, se ubica en el tercer lugar, a nivel mundial, de los negocios ilícitos más rentables después del tráfico de armas y el narcotráfico.
Meneses remarcó que esta titánica tarea no es solo responsabilidad del Ministerio de Culturas o de la Iglesia, sino que “todas las instituciones ligadas deben involucrarse”. “La Policía, la Aduana, la Fiscalía, la Procuraduría, las gobernaciones, los municipios; tienen que hacer una tarea interdisciplinaria e interinstitucional, comenzando desde el sistema educativo”, apuntó.
En marzo de 2008, tras culminar el Primer Seminario Taller Internacional para la Prevención y Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, una de las propuestas surgidas fue la creación de una fuerza especial de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales en Bolivia, sin embargo aún no se concreta.
BANDAS CRIMINALES
El director de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en el departamento de La Paz, coronel Walter Villamor, aseguró que hasta el momento no se detectó a ninguna banda internacional dedicada al tráfico de patrimonio que opere en el país. Indicó que se trata de organizaciones nacionales y algunos extranjeros que llegan al país de paso.
Señaló que Bolivia es centro de robo del patrimonio cultural eclesiástico y a la vez país de tránsito. Afirmó que los bienes salen principalmente a países europeos y a Estados Unidos, donde surgen los inescrupulosos compradores.
2.053 PIEZAS SUSTRAÍDAS EN 316 ROBOS
De acuerdo a datos proporcionados por la Dirección Jurídica del Ministerio de Culturas, de 1964 a agosto de 2014 ocurrieron 316 robos a centros eclesiásticos con una pérdida total de 2.053 piezas. En 1999 se registró la mayor cantidad de robos, 20 en total, con la sustracción de 83 piezas. Si bien en 2007 ocurrieron solo 8 robos, fue el año en que se sustrajeron la mayor cantidad de piezas: 208.
Lupita Meneses dijo que Bolivia, al ser un país muy rico en bienes patrimoniales, no es ajena a ser víctima de redes internacionales del tráfico ilícito que son abastecidas por bandas locales.
“En el Ministerio tenemos una cuantificación de robos denunciados desde 1964. Una de las épocas más duras de esto fue en 1999 cuando se sucedieron alrededor de 20 robos. A partir de ahí hubo una acción muy importante de parte de la Policía y la Fiscalía que interceptaron un caso de comercialización ilícita de bienes culturales, tanto boliviano como peruano, y donde se pudo tomar presas a varias personas que estaban implicadas; a partir de eso fue que disminuyó este saqueo a los bienes culturales”, apuntó.
“Los bienes que son más susceptibles de robos son las pinturas, luego en gran medida la platería y las joyas, y también algunas esculturas. El interés del robo de estas obras es la comercialización”, remarcó.
Meneses precisó que los robos ocurren más en el área rural de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, donde las iglesias están más alejadas, y los bienes culturales no tienen la seguridad necesaria. Agregó que también afectó el tema de la migración, que dejó a muchas poblaciones con pocos habitantes.
En los 50 años de registro de robos de casos denunciados, el Ministerio de Culturas contabilizó la pérdida de 795 cuadros de pintura colonial eclesiástica, 958 piezas de platería, 138 joyas, 85 esculturas, 34 retablos, 35 muebles y 8 tejidos.
Por esas denuncias actualmente hay 16 procesos judiciales y ninguna sentencia. La recuperación de los bienes hasta el momento llega a 120 piezas: 79 cuadros, 11 esculturas, 11 piezas de platería, 8 retablos y 11 marcos tallados.
La falta de registros y catalogación es una debilidad que deben afrontar las autoridades. Se estima que los artículos robados superan la cifra mencionada porque no se tiene un registro de todo el patrimonio cultural eclesiástico. Meneses mencionó que de 1975 a agosto de 2014 solo se logró registrar un 40%, como máximo, de todo el patrimonio cultural eclesiástico.
CARENCIA DE REGISTROS
La carencia de registros es una gran debilidad que permite en gran medida la pérdida de material patrimonial eclesiástico. La asesora jurídica de la CEB señaló que si bien existe un inventario, no es propio de la Iglesia porque se requiere cierta experticia con la que no cuentan.
“Se necesita no solamente gente entendida en el valor cultural, sino joyeros, gente que conoce el valor; el Ministerio de Culturas lo tiene, realiza inventarios periódicos y la Iglesia ha facilitado estas valoraciones”, dijo.
Cristina Bubba criticó que si bien el Ministerio de Culturas cuenta con un registro parcial, este no es distribuido entre los municipios, las gobernaciones y las iglesias, para que conozcan y controlen las piezas en su haber.
Desde 1975, con la creación del Instituto Boliviano de Cultura, entró en vigencia un centro de catalogación y documentación, señala Lupita Meneses. “Desde esa época se comenzaron a hacer los registros, los inventarios, la catalogación, especialmente en esta área de bienes culturales eclesiásticos”.
A partir de esa fecha las autoridades del sector fueron optimizando sistemas informáticos para registrar los bienes más susceptibles de robo como las pinturas, esculturas y platerías. Meneses precisó que aproximadamente un 40% del patrimonio histórico eclesiástico fue registrado.
Anunció que muy pronto entrará en vigencia un nuevo sistema de registro del patrimonio cultural, material e inmaterial, a nivel nacional, que permitirá a las gobernaciones y a los municipios acceder a los registros e incluir los suyos.
“Como Ministerio de Culturas estamos elaborando este instrumento metodológico para su implementación a nivel nacional a través de las gobernaciones y municipios, para que a partir del trabajo que hemos realizado pueda ir cada región haciendo sus propios inventarios y sus propios registros en línea”, manifestó.
Meneses agregó que las gobernaciones y los municipios deberán incluir en su Plan Operativo Anual (POA) el presupuesto para el registro de los bienes de las iglesias y los
LA NORMA ES AMPLIA Y TIENE VACÍOS
El 23 de mayo el Gobierno promulgó la Ley 530 del Patrimonio Cultural Boliviano. La ley busca precautelar el patrimonio cultural e iniciar un proceso de registro de los bienes, sin embargo presenta algunos vacíos legales que pueden ser aprovechados por los traficantes del patrimonio cultural, advirtió Cristina Bubba.
“La nueva Constitución Política del Estado no prohíbe la exportación del patrimonio, y pensamos que esta carencia iba a ser cubierta por la nueva Ley 530 de Patrimonio. Antes de esta ley nos hemos basado en el Decreto Supremo 05918 de noviembre de 1961 que habla de las prohibiciones de exportación de todas las categorías de patrimonio tangible”, indicó.
Si bien la Ley 530, agregó Bubba, habla de la prohibición de la exportación ilegal del patrimonio cultural, esta medida sólo alcanza al patrimonio arqueológico, paleontológico y subacuático, y deja desprotegido al patrimonio eclesiástico.
“Desde mayo de este año por primera vez en la historia de Bolivia en lugar de poner medidas más fuertes ante el saqueo que es constante, lo que hace la nueva Ley de Patrimonio es abrir una puerta a la exportación ilícita del patrimonio cultural”, advirtió. La investigadora espera que la reglamentación de la Ley cubra este vacío.
Otro problema que identifica Bubba es que la Ley 530 no define el año de referencia para que un bien sea considerado patrimonio cultural. Indicó que el Decreto Supremo 05918 era claro al respecto. “La anterior norma decía que los muebles, edificios, anteriores a 1900 no se pueden destruir ni exportar, 1900 era la fecha, la nueva Ley no tiene fecha, entonces no tenemos un referente”.
La nueva Ley de Patrimonio tampoco tiene definidas las funciones de los gobiernos municipales, departamentales y autonomías indígenas con relación a la custodia del patrimonio cultural, a pesar de que la Constitución Política del Estado y la Ley de Autonomías las define.
Además de la normativa nacional, el patrimonio cultural se encuentra protegido por leyes internacionales como la Convención de la UNESCO de 1970, el Convenio de Unidroit de 1995 y la Decisión 588 que se enmarca en la Comunidad Andina (CAN). Estos mecanismos posibilitaron que Bolivia recupere algunas piezas robadas que fueron identificadas en el extranjero. Bolivia, como firmante de estos acuerdos, amplía su radio de acción para proteger su patrimonio, sin embargo esta situación está enmarcada en el aspecto legal y formal y funciona de manera efectiva si los bienes patrimoniales del país fueron registrados con anticipación.
Mientras que Bolivia no termine de inventariar y catalogar todo su patrimonio, seguirá expuesta a robos y saqueos sin la certeza para reclamarlos. En tanto, las bandas del tráfico de patrimonio seguirán poniendo su mirada sobre Bolivia, como un destino de fácil acceso, ya que la ausencia de registros, en algunos casos la falta de voluntad política de las autoridades, el frágil control en las fronteras y la poca valorización de la cultura, son condiciones que facilitan para que el patrimonio del país se escurra por sus fronteras.
(Fuente: “El rostro de la inseguridad en Bolivia” publicado por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES) y la Fundación para el Periodismo (FPP).
FALTA COHERENCIA EN EL GOBIERNO
Pese a que Bolivia ya cuenta con una ley que define qué es patrimonio, existe una “falta de respeto” al mismo de parte de las autoridades, sostuvo Bubba. La investigadora indicó que por una parte el Gobierno dice defender el patrimonio cultural y, por otra parte, lo destruye. Advierte una contradicción en el discurso gubernamental.
“Han tumbado el edificio detrás del Palacio de Gobierno (casa Alencastre), pero la Ley del Patrimonio 530 y otras de antes dicen que es prohibido destruir bienes que son patrimonio cultural”, lamentó.
“El Palacio de Gobierno es patrimonio, el Legislativo es patrimonio, pero destruyes una casa patrimonial al lado para construir un edificio de 22 pisos y hacer la Casa del Pueblo, donde habrá una pista para un helicóptero; entonces esas cosas reflejan cuál es la idea del Estado con relación al patrimonio. Yo no sé si les interesa mucho”, expresó.
CASOS EMBLEMÁTICOS
Los casos emblemáticos son varios a decir de los entendidos. Susana Inch menciona uno que ocurrió en la Arquidiócesis de El Alto y La Paz con el robo a la iglesia de Copacabana. El lamentable hecho sucedió el 22 de abril de 2013.
Según la versión policial los ladrones cometieron el delito entre las 02.00 y 05.00 de la madrugada. Ingresaron por la parte posterior de la basílica y rompieron los vidrios de una ventana para llegar al camarín donde se hallaba la imagen de la Virgen. Se llevaron 27 piezas de su indumentaria.
Otro de los casos que conmocionó a los círculos de expertos en patrimonio fue la incautación, el año 1999, de 269 piezas patrimoniales en el departamento del agregado cultural del Perú, Pedro Díaz, quien en complicidad con el francés Dominique Scobry, acopiaron las piezas con la intención de sacarlas del país para su comercialización.
Para Milton Eyzaguirre, el tráfico de tejidos de Coroma a Canadá y Estados Unidos, en 1988, protagonizado por Roger Yorke, fue uno de los hitos en la exportación ilícita de patrimonio cultural.
Yorke fue declarado culpable de haber introducido ilegalmente bienes culturales en Canadá y fue condenado a pagar 10.000 dólares canadienses, y a dos años de libertad condicional. La apelación presentada en contra de esta decisión fue rechazada.
