"Nos sumamos a la indignación y protesta nacional, no sólo por esta interpretación impositiva coyuntural, sino por el maltrato y el incumplimiento de la Constitución Política del Estado (Ar-
tículo 101) que establece la protección especial a las manifestaciones artísticas. La actual interpretación del tema impositivo es solo la punta de un iceberg", es parte del documento.
"En el trasfondo hay una alarmante situación que hábilmente ha sido esquivada: la crisis de la institucionalidad cultural del Estado, expresada en una omisión del tratamiento legislativo, un enfoque de desarrollo que privilegia al cemento sobre las expresiones culturales en las agendas de planificación, en la carente y discrecional asignación de recursos financieros en contraste con alarmantes inversiones para espectáculos deportivos a nombre del apelativo turístico y cultural", añade.
El documento dado a conocer en Oruro por el representante de Telartes, Alejandro Valdez, expresa una lista de peticiones a nivel nacional.
- Exigimos que el tratamiento impositivo amplíe la estrecha visión de recaudación fiscal en el país, posibilitando niveles de exención impositiva y de regímenes especiales y alternativos, dispuestos en consideración del aporte que se hace al acervo cultural boliviano y a la formación artística.
- Dentro del proceso del Pacto Fiscal, demandamos la urgente inclusión de las manifestaciones culturales, entendidas como formación-fomento-difusión-circulación de los bienes materiales e inmateriales que se generan en todos los niveles, subnacionales y nacional, por cuanto son procesos eminentemente creativos que se nutren del alma de las naciones de nuestro Estado; y se entrelazan y conforman el legado cultural universal.
- Exigimos de manera urgente que los anteproyectos originales de Ley del y la Artista y Ley de Culturas que fue aprobada en el I Congreso de Culturas en Movimiento ingresen en un proceso inmediato de tratamiento por la Asamblea Plurinacional con participación ciudadana hasta su aprobación.
- Exigimos a las autoridades culturales, nacionales y subnacionales, cumplir con la garantía de los derechos culturales establecidos en la Constitución Política del Estado y encarar integralmente el fortalecimiento de la institucionalidad cultural boliviana y dejar de manipular al sector con migajas, promesas de reuniones participativas o intenciones de gestión que no llegan a su destino. La cultura genera importantísimas cadenas de valor, no sólo mercantil sino esencialmente de sentido. Este es su mayor valor, ya que provee identidad, pertenencia y explica nuestros particulares modos de existir.
- Exigimos la asignación presupuestaria de al menos el 1 por ciento del PGE para el desarrollo cultural como una justa y digna redistribución de la riqueza con políticas claras, con criterios de planificación participativa y con procesos administrativos transparentes y ordenados.
-Exigimos la cogestión cultural o la gestión cultural participativa en todos los niveles de gobierno, dando lugar al fortalecimiento democrático que estrecha y transparenta las relaciones entre Estado y Sociedad Civil.
- Exigimos el establecimiento de un Sistema de Investigación e Información Cultural que releve indicadores que afinen el diseño de políticas públicas y coadyuven en la toma de decisiones.
- Ratificamos nuestra indignación adhiriéndonos a todas las protestas sostenidas y ponemos a disposición nuestras capacidades colectivas y el trabajo en red para avanzar hacia la Dignidad de todos quienes habitamos el campo cultural boliviano.
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