La Cámara de Senadores y la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) observaron el proyecto de Ley de Patrimonio Cultural porque éste desconoce el derecho propietario y no define las funciones para la gestión y protección de la herencia cultural.
“Tenemos observados varios artículos que atentan contra el derecho propietario y otros que no definen correctamente las funciones que deben cumplir las instituciones involucradas en el tema”, informó a La Razón Julio Salazar, jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado.
Al respecto, la representante legal de la CEB, Susana Inch, explicó que el inciso 14 del artículo 4 y el artículo 16 de la propuesta normativa atentan contra el derecho de la Iglesia sobre sus bienes.
“El texto, como está redactado hasta ahora, no determina una expropiación ni un proceso similar. Es simplemente el desconocimiento del derecho propietario que la Iglesia tiene sobre los objetos, edificios y otros bienes relacionados con la religión católica, lo que es incorrecto. Nosotros (la Iglesia) solo somos custodios, esos tesoros son parte de nuestra institución”.
El inciso 14 de artículo 4 define al Patrimonio Eclesiástico como el conjunto de bienes culturales, muebles e inmuebles, “en custodia de la Iglesia y otras congregaciones religiosas. Parte de este patrimonio cultural es producido por la fe del pueblo boliviano, a través del tiempo para el culto divino producto del sincretismo religioso, el servicio pastoral del pueblo y la evangelización de la Iglesia”.
Asimismo, indica que “la Propiedad del Patrimonio Cultural es de propiedad colectiva del pueblo boliviano y por tanto de interés público representado por el Estado en sus diferentes niveles”.
Inch aseguró que la posesión de los “Bienes Temporales o Bienes Eclesiásticos” por parte de la Iglesia Católica está respaldada por el Código Civil en los artículos 105, 106 y 1453, y por el artículo 56 de la Constitución Política.
Tanto la representante de la CEB como el senador Salazar indicaron que el proyecto tiene contradicción y faltas respecto a los papeles, funciones y atribuciones de las entidades nombradas en el texto. Inch reclamó, por ejemplo, que no haya una definición de los deberes del Estado y de las instituciones, como la Iglesia, sobre la gestión, preservación y seguridad de los bienes culturales materiales.
Por su parte, el legislador oficialista advirtió que en los cambios realizados en la Cámara Baja se detectaron instrucciones que vulneran la autoridad de otros entes. La Ley del Patrimonio Cultural Boliviano tiene como cámara de origen al Senado y luego fue remitida a Diputados para su tratamiento. Esta cámara aprobó en detalle la propuesta el 14 de abril con las modificaciones observadas.
Es por ello que se convocó para esta tarde al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional para el tratamiento de la propuesta. Salazar adelantó que hay muchos cambios de forma y contenido, además de que “hay sugerencias para incorporar algunos artículos, y eso tiene que ser en una sesión de asamblea”, agregó. Este medio intentó comunicarse con el Ministerio de Culturas, sin embargo el director de Patrimonio de la cartera, Marcos Michel, se encontraba de viaje y no pudo responder a la consulta.
Un robo impulsó la creación de la ley
El 23 de abril de 2013 se robó del ajuar de la Virgen de Copacabana, corolario de una ola de delitos en templos del país. Eso motivó a que el Ministerio de Culturas emitiera un protocolo que exigía a la Iglesia que tome medidas de seguridad, pero no definía el papel del Estado. Las diferencias no se pudieron resolver hasta la fecha.
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